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La Cámara alta tratará hoy el proyecto de ley de promoción del empleo registrado y la prevención del fraude laboral, que impulsa el Ejecutivo y que cuenta con el apoyo del oficialismo y de varios sectores de la oposición.
El proyecto crea el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
La iniciativa también crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad.
Ese régimen abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.
Para ellas habrá una reducción en las contribuciones patronales de hasta un 50 por ciento de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.
Las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo que van a tener una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.
El proyecto obtuvo dictamen rápidamente y contó con las firmas de los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, pero también del socialista Rubén Giustiniani (aunque en disidencia parcial) y del radical Eugenio Artaza.
Por ello, se descuenta que el Senado sancionará por amplia mayoría el nuevo régimen, ya que cuenta con los votos del oficialismo, de sus aliados y de varios sectores de la oposición, como el radicalismo y UNEN.
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